Dualismo regulatorio

Regulatory Dualism as a Development Strategy: Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the EU (March 1, 2010).  

Gilson, Ronald J., Hansmann, Henry and Pargendler, Mariana

Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 390; Columbia Law and Economics Working Paper No. 368; Yale Law & Economics Research Paper No. 399; ECGI - Law Working Paper No. 149/2010; Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper No. 80. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1541226

Estos autores proponen los siguientes modelos de regulación. La diversidad regulatoria cuando los sujetos regulados no son homogéneos – tienen necesidades diferentes – de modo que mantener distintas regulaciones/distintos reguladores es eficiente porque cada una de ellas se adapta a las también diferentes necesidades. La competencia entre reguladores/regulaciones cuando los regulados tienen necesidades homogéneas – una única regulación es eficiente – pero el regulador puede ser corrupto o estúpido de manera que el regulado puede escapar del mismo acogiéndose a otro regulador/otra regulación. La tercera es el dualismo regulatorio cuando los regulados tienen, también, necesidades homogéneas pero el régimen vigente ha sido capturado por un grupo de sujetos regulados de manera que la reforma del sistema se hace muy costosa (el grupo de interés que se beneficia de la ineficiente regulación se opone al cambio).

Sobre esta base, califican como dualismo regulatorio el caso del Novo Mercado brasileño (no se toca la situación de los que controlan las grandes empresas cotizadas pero se crea un mercado con reglas protectoras de los inversores dispersos al que pueden acudir las empresas que necesitan capital para crecer y que no pueden obtener en el mercado bursátil general porque los inversores, desprotegidos en éste, no invierten) o explican así la situación en los EE.UU (Derecho de sociedades estatal vs. Derecho de Delaware) o en Europa – incipiente – como consecuencia de la Sentencia Centros y de la promulgación de la regulación sobre la Societas Europeae. Ver la entrada sobre un estudio empírico Aquí

La distinción entre competencia entre reguladores y dualismo regulatorio puede que no sea tan útil en el sentido de que no parece un equilibrio en cuanto a la regulación. Si los sujetos regulados tienen necesidades homogéneas, la competencia acabaría en una regulación única (la más eficiente) cayendo, las demás, en la irrelevancia porque es rechazada sistemáticamente por los particulares que se acogerán a la considerada eficiente si pueden hacerlo. En cuanto al número de reguladores, podría haber muchos si hay diferencias entre ellos en la calidad y honradez del enforcement.

En realidad, parecería que el dualismo regulatorio es la forma de equilibrio del mercado de la legislación, al menos, en el Derecho Privado. En efecto, si el Derecho Privado es fundamentalmente supletorio de la contratación privada (default rules), la regulación del Derecho Privado a nivel nacional puede verse como una situación de dualismo regulatorio: el Derecho Privado legislado – los Códigos – y la autonomía privada serían las dos regulaciones. Tener una pluralidad de derechos supletorios es ineficiente (eleva, cuando menos, los costes de determinar la regulación supletoria y los costes de contratar para los particulares que han de examinar varios de ellos para decidir si lo derogan contractualmente o no).  Cuando el Derecho Privado local es eficiente, los particulares se “mantienen” en él. Cuando es ineficiente, escapan de él derogándolo mediante pactos contractuales. No trasladan su relación a otro Derecho salvo casos extremos de alta ineficiencia. Se explica así, que la armonización del Derecho Privado haya tenido tan poco éxito o que sólo afecte, a nivel europeo, a la regulación imperativa. 

Estos autores afirman que simple Derecho supletorio no es suficiente para reformas del mercado de capitales como las que ellos discuten. Por tres razones

“simple default rules suffer from three basic weaknesses as a dualist response to the Olson problem (el bloqueo de reformas eficientes por la presión de los incumbentes). The first is that privately-contracted alternatives to the established regime do not bring with them an enforcement mechanism apart from the general modes of contract enforcement. The second is that the alternatives to those defaults that individual firms choose may not be well coordinated, resulting in a proliferation of alternatives that undercuts network effects in signaling, interpretation, and (contractual) enforcement. And the third, and arguably most serious, weakness of the simple default rule approach is that it is not a form of regulatory dualism. That is, it does not provide for a regulatory institution outside the firm that provides the reformist rules, but instead leaves those rules to be created by contract among the firm’s stakeholders. And the weakness of contractual rules lies in their amendability, or lack of it. If the special contractual constraints are subject to easy amendment without unanimous assent of the affected stakeholders, then there is room for opportunistic changes to the detriment of one group or another. On the other hand, if all affected stakeholders are given a veto over amendment of the customized rules, those rules risk becoming outdated and costly as the firm and its environment change over the many years of its expected lifetime. A thirdparty regulatory institution – whether legislature, court, or agency – can provide, in effect, “delegated contracting,” altering the rules of internal corporate governance for firms over time as, and only as, alterations are needed. These concerns arguably go far in explaining the remarkable fact that publicly-traded corporations in the U.S. rarely deviate from default statutory law in their charters, despite their great freedom to do so”.

En realidad, un sistema de normas supletorias no es suficiente para poner en marcha una reforma del mercado de capitales porque se trata de crear una organización paralela a la preexistente (e ineficiente). Pero si el Derecho permite a los particulares organizarse autónomamente, crearán un proveedor de reglas y un sistema de enforcement. Lo importante es que haya un “emprendedor” que comprenda las ganancias de eficiencia (el acceso a capital a menor coste para empresas medianas); que descubra la oportunidad de ganancia para él y que resuelva el problema de acción colectiva de las empresas que desearían financiarse acudiendo al ahorro público. Si puede basarse – infraestructura - en el sistema general de Derecho Privado del país (Derecho penal, carácter vinculante de los contratos, una judicatura mínimamente eficiente), la organización de un nuevo mercado de capitales puede ser casi completamente privada.